Desde
que entró en vigor la Ley de Tasas Judiciales,
mucha gente cree que si quiere recurrir una multa que le han puesto tiene que
pagar una tasa judicial. Esto suele conllevar el pago de la multa, aunque no se
esté de acuerdo, para no perder más
dinero.
Esto
es un error, fruto del desconocimiento del funcionamiento del Derecho
Administrativo.
En
este ámbito jurídico y a nivel muy básico, sin profundizar en la materia a fin
de no complicar las cosas, hay que
diferenciar dos cosas:
1. El
procedimiento administrativo: se lleva a cabo ante el correspondiente
órgano de la Administración, no ante los Juzgados, a los que durante su
tramitación, no hay que acudir para nada. De hecho, incluso en el caso de
querer “ir a juicio” este procedimiento tendrá que tramitarse previamente. En
este tipo de procedimientos, como suele decirse, la Administración es, a la
vez, juez y parte.
Es
imprescindible que se tramite el correspondiente procedimiento administrativo
para que la Administración Pública pueda imponer cualquier sanción.
2.
El procedimiento
contencioso-administrativo: Su tramitación se lleva a cabo en el
correspondiente Juzgado. Quien decida en última instancia ya no será la
Administración, como en el caso anterior, sino un Juez. Sólo se puede acudir a
este tipo de procedimiento finalizada la denominada “vía administrativa
previa”, es decir, el correspondiente procedimiento administrativo.
De
forma fácil y esquemática:
-
Procedimiento ADMINISTRATIVO à
ante la Administración.
-
Procedimiento CONTENCIOSO (“contencioso-administrativo” sería la denominación
correcta en este caso) à
en el Juzgado.
Señalada
la anterior distinción, que como veréis, es básica para entender todo lo demás,
pasamos a las multas.
¿Qué
es una multa?
Es
el término, más bien coloquial, por el que se conocen las sanciones
administrativas y suele ser de carácter pecuniario. Se trata de un acto
administrativo, que proviene de un Administración Pública legalmente competente
consistente, como su propio nombre indica, en sancionar a un “administrado”
(empresa o particular) por haber, supuestamente, infringido una norma jurídica.
Dicha
norma debe recoger los actos, situaciones o comportamientos que constituyan
infracciones administrativas, que llevan aparejada una determinada sanción
(“multa”), habitualmente, como decíamos, de carácter económico.
El
principal motivo para recurrir es considerar que el supuesto por el cual la
Administración pretende sancionar no está previsto en la norma que considera
aplicable al caso concreto. Dicho de otro modo, si una persona considera que no
ha cometido la infracción que se le imputa por parte de la Administración, lo
lógico es que quiera recurrir.
La
notificación por la Administración de la infracción cometida y de la propuesta
de la sanción prevista por la Ley para ese caso concreto, da por iniciado el procedimiento administrativo
sancionador, que no es más que un tipo de procedimiento administrativo. En el
caso de recurrir o “formular alegaciones” se está continuando dicho
procedimiento administrativo, que seguirá hasta que la Administración ponga fin
al mismo, respondiendo a las alegaciones presentadas (puede también no hacerlo,
en cuyo caso se produciría el conocido “silencio administrativo”).
Pues
bien, este procedimiento administrativo es gratuito, en el sentido de
que por su tramitación no se paga tasa judicial alguna ya que, como habíamos
visto previamente, se tramita en su integridad ante la Administración, sin
pasar por el Juzgado. Otra cosa es que tenga implicaciones económicas negativas
como, por ejemplo en el caso de las multas de tráfico, perder la reducción del
50 % que se aplica por “pronto pago” (condicionada siempre al hecho de no
recurrir).
Las tasas judiciales, como su propio nombre
indica, solamente se pagan cuando se acude a los Tribunales y en los casos
previstos en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por laque se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justiciay del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Entre
los casos previstos en dicha Ley, se encuentra el ámbito contencioso-administrativo. (Artículos 5.2, y
7.1, párrafo 4º).
Así
pues, y resumiendo todo lo anterior, por
recurrir una multa ante la Administración (procedimiento administrativo) no hay que pagar tasa alguna. Sí habría
que pagar la correspondiente tasa judicial en el caso de que el resultado del
procedimiento administrativo no fuese el esperado y se quisiera acudir a los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativos a defender nuestros derechos.
A
continuación os dejo un ejemplo de lo que os comentaba: pinchando en el enlace,
podéis comprobar que la Dirección General de Tráfico, no establece como
condición necesaria para poder formular alegaciones, el pago de cuantía alguna
en concepto de tasas: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/alguna-multa/presentacion-de-alegaciones/
Espero
que la información os sea útil y que, en el caso de considerar necesario
recurrir cualquier multa que os hayan podido poner, no os echéis atrás por
miedo a tener que pagar una elevada cantidad en concepto de tasas. No obstante
lo anterior, si en alguna ocasión, precisáis efectuar alegaciones, podéis
contactar conmigo para que os asesore o para que, directamente, efectúe el
trámite en vuestro nombre.
Saludos.
Soraya
Chiva,
Abogada.
